Esta semana hablé con Yasemin Acar, una de las doce activistas a bordo del Madleen, la embarcación humanitaria que partió de Sicilia el 1 de junio de 2025 como parte de la Flotilla de la Paz con destino a Gaza. El grupo intentaba romper el bloqueo naval israelí llevando un pequeño cargamento de ayuda—leche en polvo, harina, arroz y suministros médicos—bajo pabellón británico y en cumplimiento del derecho marítimo internacional. A más de 100 millas náuticas de la costa israelí, el barco fue interceptado por la marina israelí y su tripulación detenida.
Acar, de 37 años, nació y se crio en Alemania, hija de padres kurdos provenientes de Turquía. Desde los quince años está comprometida con distintas causas políticas: ha defendido los derechos de los refugiados, luchado contra el racismo antimusulmán y colaborado con diversas organizaciones para facilitar la integración de personas desplazadas. Durante la guerra en Ucrania, organizó una red de 15.000 voluntarios y fundó Berlin Arrival Support, iniciativa desde la cual también asesoró al Senado berlinés en la gestión de la crisis. Desde hace años, participa activamente en acciones públicas y movilizaciones en apoyo al pueblo palestino. Su militancia, dice, está marcada por su origen kurdo, por la enseñanza de sus padres de que la resistencia no es una opción, sino una forma de vida, y por la idea de que no se debe buscar paz, sino justicia, porque donde hay justicia, la paz es inevitable.
Acar relató el abordaje del Madleen por parte de las fuerzas israelíes, que comenzó con la dispersión aérea de una sustancia química desconocida desde un dron, diseñada para incapacitar a los pasajeros. Afirmó que no hubo forma de evitar la exposición y que la unidad que finalmente subió a la embarcación sería la misma que participó en las operaciones contra el hospital Al-Shifa en Gaza, donde se han documentado fosas comunes y presuntas ejecuciones extrajudiciales. Según sus palabras, “no eran soldados, eran asesinos uniformados”.
Subrayó la gravedad del hecho de que los detenidos fueran ciudadanos europeos y estadounidenses, capturados en aguas internacionales o cercanas a zonas de soberanía europea. Insistió en que esto no les ocurrió a palestinos deshumanizados tras años de propaganda, sino a activistas occidentales que operaban en un marco legal claro. Aun así, ni la Unión Europea ni los gobiernos implicados emitieron condenas ni abrieron investigaciones. El silencio, dijo, fue absoluto.
En Alemania, Acar percibe un giro represivo: el activismo propalestino ya no es tolerado, sino criminalizado. Recordó que cuando ayudó a refugiados ucranianos fue celebrada como “la inmigrante modelo”, pero que ahora, por apoyar a Palestina, es tratada como amenaza. Actualmente es objeto de una investigación por “antisemitismo”, lo cual considera una forma encubierta de racismo institucional: “Es profundamente antisemita decirle a un judío cómo debe ser judío”, afirmó, en referencia al silenciamiento de voces judías antisionistas en Alemania.
Reflexionamos también sobre el sentido político de la misión. Acar insistió en que Gaza no es una abstracción ni un símbolo remoto, sino un territorio real donde la población está siendo bombardeada, hambrienta y privada de derechos básicos. Señaló que si los Estados se atreven a detener y agredir a activistas europeos en aguas internacionales, el nivel de violencia que pueden ejercer contra la niñez palestina—fuera del foco mediático—es aún más alarmante.
Desde su liberación, continúa trabajando en nuevas iniciativas, como el Handala, que zarpó pocos días después de su detención. Dice que le preocupa la seguridad de sus compañeros y el silencio internacional, pero que lo que más la inquieta es el destino de los palestinos, que enfrentan esa violencia todos los días.
Le pregunté qué puede hacer el público que mira la exterminación de Gaza con total desesperación e impotencia. Su respuesta fue boicot, desinversión y sanciones. No por ideología, sino por estrategia: “Los Estados sólo reaccionan cuando hay presión económica. Una persona puede ser despedida. Cien, no. Pero los sindicatos todavía no están de nuestro lado.”
“Esto no es caridad, es responsabilidad política. La normalización del genocidio es una decisión. Y cada uno de nosotros decide si la acepta o la enfrenta.”
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